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El pasado
sábado 9 de Junio a las 11 h. se celebró en las cocheras de Sants
(Barcelona) una asamblea a la que acudieron entre 250 y 300 personas.
Vinieron
de Madrid para esta asamblea, Juan Manuel Moreno-Luque, director del bufete
Moreno-Luque Abogados y Javier Sotos. Estos abogados son expertos en temas de
demandas a entidades financieras y consiguieron que el pasado 1 de marzo de
2011, los bancos del Grupo Santander aportaran 2.500 millones de euros para
restituir los ahorros congelados a 43.000 familias en el fondo Santander Banif
Inmobiliario.
No
obstante esta aportación, los abogados continúan las acciones emprendidas para
que la CNMV y los bancos del Grupo Santander restituyan la totalidad de los
quebrantos patrimoniales que han ocasionado a los inversores. En concreto, una querella por estafa y demás
delitos contra los responsables de la gestora y depositario del fondo, dos
demandas contencioso-administrativas contra la CNMV que están en el Tribunal
Supremo, una demanda contencioso-administrativa contra un acuerdo del consejo
de ministros que modificó el RIIC, que también está en el Supremo, y 375
demandas individuales de responsabilidad patrimonial contra la Administración,
contra la CNMV por el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, y solidariamente
contra el Grupo Santander
En la
primera parte de la reunión nos explicaron cuál fue su estrategia en este caso,
su plan de actuación y cómo salvaron y están salvando los impedimentos que la
CNMV y el propio Grupo Santander, en acción concertada, y el Gobierno de la Nación,
les pusieron.
Para
ellos nuestro caso, como el del Santander Banif Inmobiliario y demás casos de
erosión y destrucción del ahorro popular (fondos de inversión y de pensiones,
productos estructurados), es un caso ejemplar de desviación de poder y de
corrupción sistémica.
En la
segunda parte de la reunión nos explicaron cual fue el motivo por el que se emitieron
y comercializaron las preferentes al pequeño ahorrador y qué ley fue la que consagró
estos productos de riesgo.
En
1998, se modifica la ley de Sociedades Anónimas por el entonces
ministro Rodrigo Rato, esta ley es la que permite que se hagan las emisiones de
participaciones preferentes, pues hasta ese momento no era posible la emisión
de estas participaciones en España.
No
obstante, la comercialización se empezó a hacer el 1990, y hasta 1998 se
emitían en paraísos fiscales como las Islas Caimán. Casualmente, Rato
coincidiendo con esta inaceptable reforma de la LSA, vendió a Banesto una
participación del 43,5% en la empresa de Aguas de Fuensanta por 9,8 millones de
€, un precio desmesurado si se tiene en cuenta que la sociedad no producía
beneficio alguno.
Nunca una reforma de la sociedad anónima resultó tan
"chapucera" y nunca se vió tan claro los problemas y los estragos que
iba a causar una reforma que consagra un producto que se dice híbrido pero que
en realidad es doblemente tóxico, tóxico como capital y tóxico como instrumento
de ahorro.
El nuevo modelo, se nos dijo, que tenía como propósito
flexibilizar y modernizar el nuevo régimen jurídico tradicional pero, en
realidad, como se adivinaba y se ha demostrado, fue un modelo que se puso al
servicio de los intereses financieros de las grandes empresas, especialmente
las bancarias, para que consiguieran una financiación flexible y barata,
desmantelando de paso la protección del inversor.
Existen
94 emisiones de participaciones preferentes, que cotizan en el mercado AIAF que
arrojan un saldo vivo de 16.800 millones de euros, según los datos de los
abogados, no de 8.000 millones, como dice la CNMV.
Finalmente
procedieron a explicar cómo querían llevar las reclamaciones en el caso de las
preferentes agrupando a los afectados que estén interesados en la vía penal, la
más efectiva, y, en su caso, la contencioso-administrativa. Explicaron que han
creado una asociación que se llama Activa Preferentes, de la que Juan Manuel
Moreno-Luque es el presidente, y Javier Sotos, el secretario, que está
estudiando el producto y todas sus emisiones en profundidad, así como los procesos
de saneamiento y los estatutos de las sociedades emisoras.
Asimismo,
han creado, además de Activa y de Activa Preferentes, otras dos asociaciones, Activa Convertibles y Activa
Bankia, esta última para los accionistas de Bankia.
Activa
Preferentes tiene previsto abrir en este mes de junio el plazo para la
solicitar la admisión a la Asociación. Con dicha solicitud de admisión se les
enviará una copia de los estatutos de la Asociación, así como una carta de
presentación del presidente y una memoria de sobre el Bufete Moreno-Luque.
Activa
Preferentes ejercitará acciones penales contra el presidente y demás
responsables de la CNMV (prevaricación) así como acciones penales contra los
responsables de las diferentes emisoras (estafa, publicidad engañosa y administración
desleal) y de los canjes efectuados desde 2008. Así como facilitará, en su
caso, el ejercicio de acciones individuales en la vía
contencioso-administrativa de responsabilidad patrimonial, contra la
administración y, solidariamente, contra los emisores.
Los
abogados optan por la vía penal, en primer lugar, porque consideran que hay que
investigar la existencia de los delitos, en segundo lugar, porque se consigue
una mayor información y, en tercer lugar, porque se evita el riesgo de costas
de contrario, muy elevadas en la vía civil.
Los
abogados dijeron que sólo colectivamente se puede luchar contra los abusos de
un sistema financiero vertebrado por la corrupción sistémica. Las
participaciones preferentes son un abuso jurídico y un disparate financiero.
Los
abogados acudirán también al FMI y a la CE ya que los informes sobre la
situación financiera de la banca española no contemplan los riesgos en que han
incurrido por la comercialización de productos tóxicos.
Los
costes estimados para las acciones
colectivas que ejercitará la Asociación son una cuota única y
extraordinaria a pagar una sola vez, de un 1,5
% del capital invertido, incluido IVA, que incluyen estudios técnicos,
jurídicos y financieros e informes periciales, realizados y por realizar, las
costas y gastos, extrajudiciales y judiciales de las acciones, a emprender
(honorarios de abogados y procuradores) y demás gastos de administración de la
Asociación, gestión de las solicitudes de admisión y servicio de información
(atención telefónica y asambleas), y demás gastos corrientes ...
En caso
de que fuera posible, necesario y conveniente, y hubiera suficiente masa
crítica, la Asociación facilitaría el ejercicio de acciones individuales con carácter complementario y
voluntario, con un coste estimado de otro
1,5% del capital invertido, incluido IVA, de la cantidad invertida y
que cubriría las tasas judiciales, en su caso, los honorarios de abogado y
procurador e informes periciales.
Esto no
obstante, los abogados han comentado también que nadie que no pueda asumir este
coste se quedaría fuera de Activa Preferentes por ello, porque no sería justo.
VÍDEOS ASAMBLEA
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PARTE 2
PARTE 3
PARTE 4
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PARTE 4
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